El verdadero litio chileno: instituciones, más que salares GABRIELA CLIVIO Economista Chile vuelve a estar en el centro del mapa del litio, esta vez por las dudas sobre la gobernanza tras el acuerdo Codelco-SQM. Se discute ahora si el convenio es bueno o malo para el Fisco, si captura la renta adecuada y si protege o no el interés público.
El episodio revela un problema muy profundo, que apunta a que no tenemos claridad sobre qué rol queremos que cumpla el Estado en el tema litio. ¿Buscamos que sea un socio estratégico de largo plazo, un árbitro imparcial que fija reglas y las hace cumplir, o un recaudador de corto plazo que maximiza ingresos?
Mientras esta discusión de fondo siga ausente, cada contrato se transformará, tarde o temprano, en una batalla política, y cada batalla política erosionará un poco más la credibilidad de nuestras instituciones. El debate público se ha centrado en quién debe operar y qué porcentaje de la renta se queda el Fisco, mientras que la pregunta correcta debiera ser: ¿quién opera, bajo qué condiciones y con qué estándares de transparencia?
El problema no es si el Estado participa más o menos, sino cómo lo hace. Un Estado que negocia caso a caso, entre pocos actores y con escasa información disponible, está lejos de ser más estratégico; sino que es simplemente más discrecional.
Un marco general de política con reglas conocidas ex ante lleva a discutir instituciones. Un modelo de negociación donde cada proyecto constituye una excepción, y cada acuerdo se revisa a posteriori en el Congreso, intentando reconstruir lo que se decidió a puertas cerradas, discute personas y nombres propios.