La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La nueva norma, que anuló la ley 1341 que rigió desde octubre de 2020, fue previamente aprobada en el Senado y ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario, lo que no supone que se dicte automáticamente el “estado de excepción”.

La sesión, que duró más de cinco horas, se efectuó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del paÃs. El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es “criminal” y que tuvo el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquÃa” en medio de las protestas sociales.

Según Alarcón, esa norma resguardaba a los “grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo“, por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la PolicÃa se ve rebasada. El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”.

Ola de protestas en Bolivia Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace tres semanas impulsados por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La ley 1341 reglamentaba cuatro artÃculos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la PolicÃa “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”.

También limitaba a 60 dÃas la duración de la medida. La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del paÃs ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantÃas ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.