El expresidente del Gobierno de España declara el 2 de junio ante la Audiencia Nacional por delitos de blanqueo y organización criminal en el marco del polémico rescate de una empresa aérea por 53 millones de euros. La Audiencia Nacional ha citado al líder socialista para el próximo 2 de junio tras hallar indicios de su participación en una trama de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.
La investigación, dirigida por el magistrado José Luis Calama, se centra en el polémico rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra – una compañía con participación de empresarios venezolanos- durante la pandemia, así como en operaciones internacionales de alto valor relacionadas con el estado venezolano. Según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Zapatero habría liderado una estructura jerarquizada destinada a obtener beneficios económicos mediante el ejercicio de su influencia política ante instancias públicas.
La estructura de la «vía Zapatero» y el rescate a Plus Ultra El informe de la UDEF reconstruye una cronología de contactos que habrían resultado determinantes para que el Gobierno de Pedro Sánchez diera luz verde a la ayuda estatal. Los investigadores sostienen que los directivos de Plus Ultra, ante la crisis de la COVID-19, buscaron intencionadamente la intermediación de figuras con peso político para acceder a los fondos públicos Las comunicaciones interceptadas revelan que los directivos de la compañía instaban a presionar al expresidente para acelerar la tramitación ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
«Debemos meterle chola al Zapa», escribió Roberto Roselli, CEO venezolano de la aerolínea, en un grupo de mensajería interna cuando se buscaba agilizar el proceso de financiación. La investigación apunta a que Zapatero no operaba solo, sino a través de un grupo de confianza donde su amigo personal, el empresario Julio Martínez Martínez, actuaba como lugarteniente y ejecutor de órdenes directas.
El juez considera que Martínez Martínez encabezaba un entramado societario que servía para canalizar los pagos y dar cobertura formal a las operaciones de influencia. De acuerdo con los datos recabados por la Policía, esta red habría tenido acceso a información privilegiada, llegando a felicitar a los accionistas de Plus Ultra por la obtención del préstamo días antes de que el organismo gestor elevara la propuesta formal.