El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales varias disposiciones del proyecto de ley Escuelas Protegidas, y el oficialismo no tardó en celebrar. Varios senadores del bloque de gobierno saludaron el fallo como un respaldo a sus posiciones. Fue Luis Cordero, exministro de Seguridad, quien puso freno a esa lectura.
"La oposición debe tener cuidado de creer que el tribunal va a ser un aliado político", advirtió Cordero en declaraciones a La Segunda, de acuerdo con lo publicado por T13. El exministro llamó a no interpretar el pronunciamiento del TC de forma partidista.
El pleno del TC cuestionó cuatro iniciativas incluidas en el proyecto: la inhabilidad para acceder a la gratuidad educacional, la revisión de mochilas y bolsos, la inspección de vestimentas y pertenencias de los estudiantes, y el establecimiento de un criterio de prioridad en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) que excluía a alumnos con sanciones previas.
La senadora Yasna Provoste (DC) destacó que "el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón en aspectos esenciales del proyecto, declarando inconstitucionales normas que permitían registros policiales a estudiantes, sanciones asociadas a la gratuidad y disposiciones ambiguas que podían afectar derechos fundamentales". Los senadores Claudia Pascual (PC), Karol Cariola (PC), Beatriz Sánchez (FA), Diego Ibáñez (PC) y Ricardo Celis (PPD) también manifestaron su conformidad con el dictamen.
Sin embargo, Cordero recordó que el TC tiene "una condición de árbitro institucional" y no debe transformarse en un actor de la disputa política. Argumentó que el tribunal logró delimitar qué facultades corresponden a los establecimientos educacionales y cuáles pertenecen a la persecución penal. "En rigor mantiene la severidad en el sistema educacional sin contagiarlo del régimen de persecución penal", sostuvo.
El exministro también señaló que "este no es el TC de hace diez años". Según Cordero, el tribunal se compone hoy de académicos del derecho y exjueces de carrera, más vinculado a lo jurídico que a lo político. Esa transformación hace que sus fallos respondan a criterios técnicos, no a presiones de uno u otro bloque.
El fallo no elimina el proyecto Escuelas Protegidas en su totalidad. Las cuatro normas declaradas inconstitucionales quedan fuera del texto que eventualmente se promulgue, lo que obliga al Congreso a redefinir cómo abordar la seguridad escolar sin vulnerar los derechos fundamentales de los estudiantes.
