La Fiscalía de Aysén presentó acusación formal contra el senador Miguel Ángel Calisto y solicitó su desafuero por un supuesto fraude de más de 100 millones de pesos en la contratación de asesorías con cargo al Congreso. El Ministerio Público pide 12 años de cárcel para el legislador independiente.
El abogado defensor César Ramos rechazó el cierre de la investigación y anunció que lo impugnará ante los tribunales. Su principal argumento: el Juzgado de Garantía de Coyhaique había fijado el plazo investigativo hasta el 9 de julio, fecha que aún no había vencido cuando la Fiscalía actuó.
"Tenemos un plazo que está pendiente, que todavía no está vencido. Y de forma intempestiva, la Fiscalía ha comunicado el cierre y presentado acusación junto a una solicitud de desafuero", señaló Ramos.
La defensa también denunció que no contaba con copia completa de los antecedentes de la carpeta investigativa. El día previo al cierre, el equipo jurídico de Calisto fue notificado de la existencia de nuevos documentos que desconocía. Para Ramos, esto impide solicitar las diligencias necesarias para contrarrestar esa evidencia, lo que "afecta gravemente el derecho a defensa" del senador.
"Esto es un hecho que vamos a cuestionar inmediatamente ante los tribunales de justicia", afirmó el abogado.
Sobre el desafuero, Ramos explicó que se trata de un requisito que la Constitución y el Código Procesal Penal exigen para poder procesar penalmente a un parlamentario. La solicitud debe tramitarse ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que tendrá que evaluar si los antecedentes recopilados por la Fiscalía son suficientes para levantar la inmunidad parlamentaria de Calisto.
