En Chile, enfermarse no solo implica enfrentar una condición de salud, sino también asumir una pesada carga económica. Y esa carga, en la práctica, recae principalmente en las familias.
Si bien el país destina un 10,5% de su PIB al gasto en salud —equivalente a cerca de US$36.900 millones en 2024 y comparable con países de la OCDE—, esta cifra esconde una debilidad estructural: la forma en que se financian los medicamentos. Hoy, los hogares financian cerca del 62% del gasto en medicamentos, los que representan alrededor del 15% del gasto total en salud, equivalente al 1,5% del PIB.
El problema no es cuánto se gasta, sino cómo se distribuye. El gasto público en medicamentos alcanza apenas el 0,46% del PIB, muy por debajo del gasto de bolsillo, que llega a un 0,95%.
En la práctica, el acceso a tratamientos depende del nivel de ingresos de las personas, profundizando inequidades que un sistema sanitario con vocación universal no debería tolerar. A esto se suman brechas territoriales relevantes: en 2024, el gasto anual por beneficiario osciló entre $44.200 en Iquique y $114.100 en Magallanes, con un promedio nacional de $64.900.
Además, el gasto se concentra mayoritariamente en niveles de alta complejidad. Entre un 82% y un 85% de los recursos se ejecutan en hospitales y servicios de salud, mientras la atención primaria recibe una proporción mucho menor.