Un informe de auditorÃa de la ContralorÃa General de la República (CGR) detectó conflictos de interés, irregularidades en cobros y deficiencias en el control de vehÃculos en el aparcadero municipal de Villarrica, región de La AraucanÃa. Todo esto ocurre en el marco del informe final número 160, que tuvo como objetivo revisar el funcionamiento del aparcadero municipal de la Municipalidad de Villarrica y verificar que la prestación del servicio y la ejecución del contrato contaran con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales vigentes.
Entre los hechos más relevantes, el organismo fiscalizador advirtió que el director de control de la Municipalidad de Villarrica, cuyo nombre no es mencionado en este documento, intervino en gestiones vinculadas al retiro de un vehÃculo desde el aparcadero municipal, proceso que terminó con la obtención de un poder para disponer del automóvil y su posterior transferencia a un familiar directo. Por la naturaleza de estos hechos, la ContralorÃa alertó una eventual infracción al deber de probidad administrativa.
La auditorÃa también estableció que dos funcionarios municipales figuraban como propietarios de la empresa concesionaria a cargo del aparcadero entre 2023 y 2025, empresa de la cual tampoco es mencionado el nombre, situación completamente irregular. Radio BÃo BÃo intentó contactar al alcalde de Villarrica, Pablo Astete, pero no atendió.
Sà lo hizo el concejal Jaime Beltrán, quien señaló que es una situación grave y que van a colaborar con lo que requiera ContralorÃa. âUna situación gravÃsima de suma irregular, compleja por todas las listas que conlleva: vulneración de la prioridad, conflictos de interés, cobros indebidos y pagos externos al sistema, tarifas abusivas no autorizadas, una operación ilegal irregular respecto al espacioâ, dijo.
A ello, complementó: âPor lo mismo, apoyaremos todas las acciones que ha mandatado la ContralorÃa, por supuesto, las que estime conveniente la actual administración municipal, inclusive aquellas que tienen un carácter de acción judicialâ. El informe también detectó irregularidades en los cobros y retiros de vehÃculos.