El asesinato de un niño de doce años en San Bernardo sacudió la semana con una brutalidad difícil de procesar. Alcaldes y parlamentarios de distintos sectores no tardaron en exigir lo mismo: que el Ejército ocupe las calles. Antes de cualquier análisis, mis condolencias a la familia del menor.

La demanda tiene una lógica comprensible. Años de violencia sin respuesta efectiva generan una presión que los llamados al realismo técnico no pueden absorber por sí solos. El Estado debe usar todas sus capacidades, dicen los que piden militares. Y en parte tienen razón. Pero no toda capacidad sirve para cualquier misión.

Uno de los casos más reveladores fue el del alcalde socialista de San Bernardo, Christopher White, bisnieto de obrero irlandés y criado en una población. Conoce la violencia desde adentro. Su exigencia de despliegue militar tras el crimen que sacudió su comuna no nació de un cálculo electoral, sino de una urgencia concreta. Muy distinta fue la postura de José Antonio Kast, quien calificó de "populista" esa misma medida, pese a haber prometido durante la campaña su llamado Plan Implacable, un programa de seguridad de alto impacto que incluía acciones en esa dirección. Sus propios aliados y alcaldes afines le cobraron la contradicción. Para reforzar su negativa, Kast evocó a Carlos Robledo, el conscripto preso desde 2019 por disparar durante el estallido social, como argumento contra el uso de uniformados en zonas urbanas, según informó BioBío Chile.

El gobierno optó por otra vía: fortalecer las capacidades policiales con despliegues más focalizados. Una decisión que el análisis técnico respalda, aunque no clausura el debate político.

Ese debate se ha quedado atascado en las discusiones más visibles: las limitaciones doctrinarias del Ejército para cumplir tareas policiales, los riesgos legales para el personal, el desgaste operacional. Son argumentos válidos, pero describen solo una parte del problema. Inducen a creer que bastaría con nuevas leyes o más capacitación para destrabar la situación.

Lo que rara vez aparece con claridad es el estado real en que opera el Ejército hoy. Desde 2022, la institución está desplegada de forma ininterrumpida en cinco regiones del país, con personal que rota en múltiples destinaciones y medios materiales sometidos a un desgaste sostenido. La instrucción y el entrenamiento ceden horas frente a misiones complementarias. A eso se suman restricciones presupuestarias que limitan el reclutamiento, dejando a la institución por debajo de su dotación necesaria, especialmente en soldados conscriptos y tropa profesional.

Agregar nuevas tareas urbanas sobre ese escenario no es solo un desafío de formación: es presión sobre una institución que ya opera al límite. Las leyes pueden cambiar con rapidez; el personal y los medios no se consiguen de un día para otro.

El próximo gobierno heredará esa ecuación. La designación de Christian Bolívar Romero, general en retiro del Ejército, como subsecretario de Fuerzas Armadas del gobierno entrante, sugiere que habrá mirada técnica en esa cartera. Si esa experiencia se traduce en una política que reconozca los límites reales de cada institución, o si la presión política vuelve a imponerse, es la pregunta que el debate de seguridad deberá responder en los próximos meses.