Más de 33 mil millones de pesos en nueve años, y el rastro del dinero se perdió. La Contraloría General de la República detectó que decenas de municipios recibieron fondos del programa nacional de tenencia responsable de mascotas sin rendir cuenta de su uso, y que muchos no ejecutaron las actividades para las que fueron financiados. El organismo anunció que fiscalizará a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), entidad que administra los recursos.

El hallazgo proviene del segundo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR) de la Contraloría, esta vez centrado en el bienestar animal y la gestión municipal del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC). La iniciativa, impulsada desde 2014 por la Subdere, transfirió entre 2017 y marzo de 2026 un total de $33.647 millones a municipalidades de todo el país, alcanzando cobertura en 343 comunas, equivalente al 99% del total nacional.

El problema es lo que pasó con ese dinero. 61 municipios no realizaron jornadas de rescate animal ni de control poblacional pese a haber recibido casi $5.000 millones desde 2022 para esos fines. Otras 162 comunas directamente no respondieron a los requerimientos de información de la Contraloría sobre el destino de más de $16.000 millones transferidos.

Las deficiencias no se detienen ahí. El reporte identificó que 25 municipalidades no cuentan con una ordenanza sobre tenencia responsable de animales, instrumento básico para regular la materia a nivel local. Otras 178 comunas no disponen de lector de microchip o no informaron si tienen uno, y 31 municipios financian caniles que no están inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal.

El informe también advierte sobre irregularidades en el Registro Nacional de Identificación de Mascotas y en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, este último a cargo del Ministerio del Interior. En ese registro figura que solo 748 personas de un total de 39.987 han completado el curso de adiestramiento que exige la ley para tener animales de esa categoría.

Frente a este cuadro, la Contraloría, encabezada por la contralora Dorothy Pérez, anunció que iniciará una fiscalización directa a la Subdere en su rol de entidad que transfiere los fondos. Además, exigirá a los municipios que carecen de ordenanza sobre tenencia responsable que la dicten dentro de un plazo de 90 días hábiles.