Las calles del centro de La Paz volvieron a convertirse en un campo de batalla. Los manifestantes, llegados desde El Alto tras una marcha de 15 kilómetros, levantaron barricadas con contenedores y desperdicios en llamas cerca del Palacio de Gobierno.
La policía respondió con gases lacrimógenos; los movilizados, con piedras y cartuchos de dinamita de bajo poder. Al menos cinco personas fueron detenidas, según constató la AFP.
La jornada exhibió la composición heterogénea del movimiento: mineros de Oruro con casco y poncho, campesinos, maestros y transportistas, todos bajo una sola consigna. “¿Qué queremos?
¡Renuncia!”, coreaban entre banderas indígenas y el estallido de petardos. El detonante fue la Ley 1720, promulgada el 8 de abril, que permitía reconvertir pequeñas propiedades rurales en medianas propiedades, modificando el régimen agrario consagrado en la Constitución boliviana.
Organizaciones indígenas del Beni y Pando la rechazaron por considerarla favorable a la agroindustria de Santa Cruz e iniciaron ese mismo día una marcha hacia La Paz. El 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un paro general indefinido.