La jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Francis Fell, autorizó a la 1:05 pm del miércoles 19 una docena de allanamientos y medidas de incautación la indagatoria por presuntas irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar, PAE, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb.

Las diligencias alcanzaron al Congreso en Valparaíso, donde se autorizó incautar equipos electrónicos y correos del senador Sergio Gahona, integrante de la Unión Demócrata Independiente, y del senador Miguel Ángel Calisto, quien fue militante de la Democracia Cristiana y del partido Demócratas. Ambos son investigados como imputados por presunto cohecho, aunque la Fiscalía Metropolitana Oriente no ha solicitado el desafuero de ninguno de los dos hasta la fecha.

La autorización judicial también incluyó la incautación de equipos y correos de Camila Rubio, ex directora de Junaeb durante el gobierno anterior, y requerimientos a bancos para entregar movimientos de cuentas. Los bancos citados en la resolución son Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones y Scotiabank, con movimientos desde el 1 de enero de 2018 en adelante.

En su resolución, la jueza Fell señaló que la investigación ha podido establecer la comisión reiterada de delitos de soborno y cohecho a distintos funcionarios públicos para favorecer los intereses de la empresa Soser S.A.. Esa conclusión se apoyó, según la resolución, en antecedentes recopilados por la Fiscalía, entre ellos informes de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, documentos bancarios y otras diligencias de investigación.

Paralelamente, Miguel Ángel Calisto enfrenta otra indagatoria por un presunto fraude al fisco por más de $100 millones, y en los antecedentes disponibles figura la declaración de Roland Cárcamo, jefe de campaña de Calisto, quien desde prisión habría aportado datos sobre supuestos pagos irregulares. La empresa proveedora Soser S.A. a su vez presentó una querella contra Fernando Peña, director de Junaeb, por una denuncia que la firma califica de calumniosa y que, según Soser, reactivó cargos previamente sobreseídos.

Entre los demás afectados por las medidas están el ex convencional Hugo Gutiérrez, quien se presentó en una unidad policial por la tarde tras no ser ubicado en la mañana, y Gianni Rivera, exgobernador de la provincia de Marga Marga, con militancia suspendida en la Democracia Cristiana. La fiscal a cargo, Constanza Encina, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, declinó entregar mayores antecedentes y confirmó que la causa se encuentra clasificada como reservada.

Las medidas buscan recabar comunicaciones, correos y movimientos financieros que la jueza y la Fiscalía consideran necesarios para comprobar contactos y flujos de dinero vinculados a la adjudicación de licitaciones del PAE. En lo inmediato, la investigación permanece bajo reserva; las diligencias autorizadas comenzaron el miércoles 19 a la 1:05 pm y los requerimientos bancarios abarcan movimientos desde el 1 de enero de 2018, según la resolución judicial, mientras la Fiscalía decidirá próximas formalizaciones o solicitudes de desafuero.