El Segundo Juzgado Civil de ValparaÃso acogió parcialmente una solicitud presentada por la Constructora San Sebastián y ordenó la realización de un peritaje independiente sobre las viviendas cuestionadas en el sector El Olivar de Viña del Mar, en medio de la controversia por la demolición de los inmuebles construidos a raÃz del megaincendio de 2024. La acción judicial fue presentada por la empresa como una medida prejudicial probatoria, paso previo a una eventual demanda contra el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de ValparaÃso.
En ella, la constructora solicitó una inspección personal del tribunal y la designación de peritos que evalúen técnicamente las obras, argumentando que la demolición impulsada por el Ministerio de Vivienda (Minvu) podrÃa hacer desaparecer evidencia clave para un futuro juicio. En la solicitud, la firma advierte que “la demolición de las viviendas y de las obras ejecutadas privará a mi representada de la posibilidad de acreditar el estado actual de las construcciones”, acotando además que esto es una “destrucción irreversible de la evidencia material necesaria para acreditar el correcto cumplimiento contractual”.
Ahora, al resolver, el tribunal decretó únicamente la realización del peritaje técnico, estableciendo que un ingeniero o constructor civil deberá pronunciarse sobre la existencia de eventuales defectos constructivos. En cambio, rechazó la inspección personal requerida por la empresa, estimando que dicha diligencia se limitarÃa a “meras observaciones estéticas”, sin aportar antecedentes relevantes para la controversia técnica.
Cabe destacar que, en su solicitud, la constructora asegura que las decisiones adoptadas por las autoridades del Minvu constituyen un incumplimiento contractual. “La paralización indefinida de las obras, por sÃ, constituye un incumplimiento del Contrato”, sostiene.
También plantea que las observaciones detectadas no serÃan atribuibles a la ejecución material de los trabajos, sino a aspectos del diseño y especificaciones previamente aprobadas. Además, la empresa cuestiona la necesidad de demoler las viviendas, citando informes técnicos que, por ejemplo, recomiendan el “reforzamiento del sistema constructivo”, sin plantear la demolición.