La Contraloría General de la República (CGR), el organismo fiscalizador del Estado chileno, determinó en un oficio que Trinidad Steinert, exministra de Seguridad, actuó fuera de sus atribuciones legales. El organismo concluyó que solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados a una investigación penal activa, y que debió abstenerse de intervenir por su vínculo previo con la brigada policial involucrada, periodo en que se desempeñó como fiscal regional de Tarapacá.
El pronunciamiento generó la reacción del senador de la Democracia Cristiana (DC) Iván Flores, quien lleva meses cuestionando la gestión de la entonces ministra. Para el parlamentario, el dictamen no es una novedad, sino la confirmación de lo que alertó desde el primer día de la administración de Steinert.
"La Contraloría ratifica lo mismo que nosotros advertimos desde el principio, desde el momento mismo en que la ministra Steinert asumió y comenzó a fallar", declaró Flores. "Lo que dijimos no era obstinación ni nada en contra del Ministerio de Seguridad. Al revés, veníamos advirtiendo que un ministerio tan importante como el de Seguridad estaba siendo conducido por una persona que no sabía".
Según el oficio, Steinert no solo excedió sus competencias al consultar a la PDI sobre casos con investigaciones de inteligencia en curso, sino que ignoró el principio de abstención que le obligaba a mantenerse al margen dado su historial previo con la brigada policial involucrada. "La ministra faltó al principio de abstención, ejecutó tareas que no le competían y no podía hacer consultas sobre casos que no estaban resueltos y que correspondían a investigaciones reservadas", precisó el senador.
El caso también derivó en la salida de Consuelo Peña, quien se desempeñaba como subdirectora de Inteligencia de la PDI. El dictamen de la CGR no tiene efectos penales directos, pero establece formalmente que la actuación de Steinert se situó fuera del marco legal vigente.
