Revés para Poduje: juzgado de Valparaíso detiene demolición de El Olivar y pide informe de una perito ingeniero o constructor civil "La Constructora San Sebastián ejecutó exactamente el proyecto que el Serviu aprobó, y si se le ocurriese continuar con su plan de demoler, podría constituir abuso de poder. La responsabilidad del proyecto aprobado y ejecutado es responsabilidad exclusiva del Serviu", acusó tras la resolución del 2° Juzgado de Garantía de Valparaíso el abogado Jaime Barrientos.
Tras la solicitud por parte de los abogados de la Constructora San Sebastián, el Segundo Juzgado de Garantía de Valparaíso resolvió frenar la demolición de las casas construidas en El Olivar, en Viña del Mar, y decretó como medida prejudicial probatoria el informe de una perito ingeniero o constructor civil. El Ministerio de Vivienda (Minvu), encabezado por Iván Poduje, había iniciado la demolición de las casas reconstruidas en el sector por parte de la mencionada constructora al acusar que presentaban una serie de fallas estructurales.
En total, unas 170 viviendas serían las que el Minvu determinó que deberían ser demolidas o desarmadas en El Olivar: 56 cuatripareos de mayor avance, 84 cuatripareos con 44% de avance y 30 pareos simples con avance entre 22% y 27%. Sin embargo, la defensa de la constructora, representada por el abogado Jaime Barrientos, solicitó al tribunal que se tomara como medida prejudicial probatoria la detención de las demoliciones hasta que se hiciera una inspección personal del tribunal e informe de peritos.
Según detallaban en su solicitud, la demolición por parte del Minvu “producirá la destrucción irreversible de la evidencia material necesaria para acreditar el correcto cumplimiento contractual de mi representada y, al mismo tiempo, alterará ilegítimamente la carga de la prueba que corresponde al Serviu Valparaíso respecto de los defectos e irregularidades técnicas que imputan a esta parte”. Por ello, se pedía “la inspección personal del tribunal respecto de las viviendas y obras ejecutadas al amparo de los contratos de construcción objeto de esta solicitud, así como la designación de peritos que informen acerca del estado actual de dichas viviendas terminadas y obras de construcción”.
Esto lo justifican en el hecho que “el Serviu posee legitimación pasiva para ser objeto de la medida prejudicial“ y por ”el riesgo de desaparición de las evidencias materiales para la prueba de hechos esenciales objeto del futuro". Además mencionan que habría una decisión ya tomada para la destrucción de las viviendas por parte del Minvu.