Hace meses decidà hacer algo que en ese momento parecÃa incómodo para muchos, pero que era simplemente cumplir con un deber fundamental de todo representante público: fiscalizar cuando existen hechos que generan dudas y cuando el Estado tiene la obligación de entregar certezas. Todo comenzó al detectar una situación que, desde el primer momento, resultaba preocupante.
Diversos vuelos chárter provenientes desde Haità comenzaron a llegar a Chile trasladando a decenas de menores de edad bajo procedimientos de reunificación familiar. Sin embargo, rápidamente aparecieron antecedentes que no cuadraban.
La información cambiaba constantemente. Los registros no coincidÃan.
Las rutas variaban sin explicaciones claras. Nadie respondÃa con certeza quién financiaba estos vuelos ni bajo qué criterios exactos estaban operando estas autorizaciones.
Cuando se trata de niños, ninguna irregularidad puede relativizarse. Frente a esa situación decidà trasladarme personalmente hasta el aeropuerto de Santiago para fiscalizar en terreno lo que estaba ocurriendo.