El plazo está fijado: el 1 de diciembre de 2026 entra en vigencia plena la Ley 21.719 de protección de datos personales. Lo que antes era territorio exclusivo de los departamentos de tecnología hoy afecta a recursos humanos, reclutamiento, control de asistencia biométrica y administración de licencias médicas. Las empresas chilenas corren contra el reloj.

El impacto llegó directo a las gerencias de personas. La normativa obliga a que todo tratamiento de datos tenga una finalidad específica, una base jurídica y documentación de respaldo. No distingue entre sectores ni tamaños de empresa, y los abogados laborales reportan que las consultas empresariales se multiplicaron en los últimos meses.

Carlos Gutiérrez, socio del estudio GNP Canales, describe el giro en sus clientes: "Las empresas dejaron de verlo como algo abstracto: lo que antes era 'hay que revisarlo', hoy es 'hay que tenerlo altiro'". Luis Lizama y Diego Lizama, socios del estudio Lizama Abogados, comparten ese diagnóstico: la cercanía del plazo "transformó un tema que parecía lejano en una urgencia de directorio".

Para Jaime Salinas, socio del estudio Salinas Toledo, la normativa ya trascendió los departamentos de tecnología: hoy es materia de directorios, gerencias de recursos humanos y fiscalías corporativas.

Varias prácticas consideradas rutinarias deberán cambiar. Recolectar datos "por si acaso", sin una finalidad determinada, quedará prohibido. El consentimiento genérico que los trabajadores firmaban junto con el contrato de trabajo ya no tendrá validez. Conservar indefinidamente los antecedentes de postulantes rechazados o compartir información de empleados con terceros sin contratos específicos de tratamiento son otras prácticas que deberán eliminarse.

La normativa crea además la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo que fiscalizará el cumplimiento. Las multas llegan hasta 20.000 UTM (Unidades Tributarias Mensuales, referencia de valor que fija mensualmente el Servicio de Impuestos Internos) y, para grandes empresas reincidentes, pueden alcanzar el 4% de sus ingresos anuales. El reloj corre: falta menos de seis meses para que la agencia quede operativa y con facultades sancionatorias.