El diputado republicano José Carlos Meza revivió la "Ley Antipitutos", iniciativa que busca cortar el acceso por apellido a empleos en el Estado. La propuesta tiene raíces en 2017, cuando el entonces parlamentario José Antonio Kast la presentó por primera vez.
El texto original establecía que cónyuges, hijos y parientes hasta tercer grado de consanguinidad no podían trabajar en el Estado. La restricción alcanzaba al entorno familiar del Presidente de la República, ministros, parlamentarios y alcaldes. La excepción era una: que el familiar pasara por el Sistema de Alta Dirección Pública, el mecanismo de concurso que regula el acceso a cargos de confianza en la administración central.
Meza desarchivó el proyecto por primera vez en 2022. En marzo de 2025, el Congreso lo rechazó: necesitaba al menos 77 votos y obtuvo solo 64. Las 36 abstenciones provinieron en su mayoría de diputados de Chile Vamos. La coalición de centroderecha agrupa a la UDI (Unión Demócrata Independiente), RN (Renovación Nacional) y Evópoli.
La nueva versión es más amplia. Paula Valenzuela, periodista y editora del canal T13 (Teletrece), señaló que el texto suma nuevas autoridades al listado original. Incorpora a delegados presidenciales, gobernadores regionales, consejeros regionales y concejales, figuras que no estaban en la propuesta de Kast. La excepción se mantiene: si el familiar acredita idoneidad mediante un concurso en el que la autoridad vinculada no intervino, el nombramiento puede proceder.
Lo que cambia son las consecuencias. Si se vulnera la prohibición, el nombramiento queda revocado y la situación se clasifica como falta grave a la probidad. El funcionario también enfrenta destitución. La iniciativa contempla una cláusula transitoria: de aprobarse la ley, se revisarían nombramientos ocurridos hasta seis meses antes de su entrada en vigencia.
El proyecto suma nuevas firmas de apoyo que Meza califica como relevantes. Para avanzar, debe superar el mismo escollo que la bloqueó en 2025: reunir 77 votos en la Cámara de Diputados.
