La jueza Estefanía Asenjo Arellano, del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, resolvió que el proceso que investiga los contratos de las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo debe tramitarse en Antofagasta, no en la capital. El fallo acoge la postura que el Ministerio Público sostuvo desde el inicio de la disputa y devuelve a la ciudad del norte una causa que acumula doce cargos de fraude al fisco y dos de lavado de activos.
La causa había llegado a Santiago en mayo de este año por decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que resolvió por fallo dividido enviar el expediente a la capital. El argumento del tribunal de alzada nortino fue que la fundación Democracia Viva había sido constituida en un departamento en Ñuñoa, lo que fijaba allí el origen de los hechos investigados. Ese traslado había sido solicitado por las defensas de Daniel Andrade y Catalina Pérez, los principales imputados de la investigación.
Para resolver en sentido contrario, la jueza Asenjo aplicó las normas del Código Orgánico de Tribunales. Cuando una investigación agrupa múltiples hechos, esas reglas fijan la competencia en el tribunal del lugar donde se ejecutó el primer delito, no donde se constituyó una persona jurídica.
El primer acto delictivo identificado fue la suscripción de un convenio entre la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo), firmado el 1 de julio de 2022 en la ciudad del norte. Ese hecho localiza la competencia territorial en Antofagasta.
El debate no termina con esta resolución. Si la Corte de Apelaciones de Antofagasta insiste en su postura original, se abrirá una contienda de competencia que deberá dirimir la Corte Suprema. El Ministerio Público, que cuestionó el traslado a Santiago desde un principio, ve con este fallo validada su posición.
