En el contexto de las recientes solicitudes para suspender las licitaciones de los emblemáticos casinos de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón, se advierte un retrógrado intento por instalar una premisa peligrosa: que el respeto a los derechos laborales es un obstáculo para los negocios. Desde la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos de Juego y Hoteles de Chile (Fenasicajh), hemos sido claros en que incluir la continuidad laboral en las bases de licitación no es una exigencia extraordinaria.
Al contrario, responde al estricto apego al Código del Trabajo y a la jurisprudencia que la Dirección del Trabajo mantiene inalterable desde 1991. Presentar la estabilidad de miles de familias como un “problema” es un error jurÃdico y, al mismo tiempo, una falta de empatÃa brutal.
Vemos con preocupación que las crÃticas hacia la protección del empleo sean impulsadas por exautoridades que ejercieron cargos públicos relacionados con la industria. Resulta decepcionante para los trabajadores observar cómo, desde el mundo corporativo, se califica la defensa laboral como una ‘barrera operativa’, especialmente cuando esas mismas voces han respaldado técnicamente a modelos de juego no regulados en el paÃs.
Hacemos un llamado a elevar el estándar del debate, ya que la coherencia, la transparencia y el respeto irrestricto a la legislación laboral y sectorial, deben ser el piso mÃnimo para cualquier actor que participe en esta industria. Este cuestionamiento ocurre, además, en un momento de alta vulnerabilidad.
Quienes sostienen el dÃa a dÃa de los casinos fÃsicos enfrentan condiciones cada vez más complejas, compitiendo en una cancha dispareja frente a la descontrolada proliferación del juego en lÃnea. Mientras la industria establecida genera empleos reales, directos e indirectos, aporta al desarrollo regional y está siempre sometida a un escrutinio implacable, las plataformas digitales operan en un verdadero âlejano oesteâ sin regulación.