El domingo, el ministro de Defensa Fernando Barros, de Chile, afirmó en una entrevista con el medio DF MAS que el país debería abandonar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y "deshacerse" de la Ley Lafkenche, porque ambas normas serían un "riesgo para el país".

Barros sostuvo que esas normas establecen diferencias entre ciudadanos según su origen étnico y que ello puede generar conflictos internos, y añadió que, a su juicio, es "factible" retirar a Chile del convenio porque existen mecanismos para hacerlo. La declaración abrió un nuevo foco de tensión en el Ejecutivo y generó cuestionamientos de parlamentarios de distintos sectores.

Horas más tarde, Claudio Alvarado, ministro del Interior y vocero de Gobierno, de Chile, puntualizó que esa no es la postura oficial. Alvarado dijo que "es un convenio que está vigente y que el gobierno de Chile respeta íntegramente" y que "en esta materia no vamos a innovar", calificando los planteamientos de Barros como "la opinión del ministro de Defensa".

Las reacciones políticas se concentraron en dos frentes: críticas al fondo del argumento y críticas a la coordinación interna del Gobierno. Gael Yeomans, diputada y presidenta electa del Frente Amplio, de Chile, calificó las declaraciones como "graves" y dijo que tratar a una parte de los ciudadanos como amenaza constituye una línea que, según ella, "Chile ya conoce" y no puede volver a cruzar. La diputada Constanza Schönhaut, del Frente Amplio, también cuestionó las afirmaciones y exigió aclaraciones.

El debate remite a antecedentes legales y políticos. El Convenio 169 es un tratado internacional de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, agencia especializada de Naciones Unidas que regula normas laborales y derechos de pueblos indígenas y tribales. Chile ratificó ese convenio en 2008. La Ley Lafkenche es una iniciativa normativa vinculada a derechos de los pueblos indígenas en zonas costeras. Un retiro formal de un convenio internacional exige un proceso legal de denuncia ante la OIT y plazos que deben cumplirse, por lo que no ocurre de forma inmediata.

Políticamente, la disputa expone una pérdida de coordinación dentro del Ejecutivo, y tensiona la relación del Gobierno con los pueblos indígenas y con sectores que defienden compromisos internacionales. Quien gana con la controversia es la oposición, que exige claridades; quien pierde es la administración por la imagen de desorden y por el riesgo de afectar derechos reconocidos internacionalmente. Para el ciudadano común, la disputa pone en cuestión la estabilidad de compromisos legales que protegen derechos colectivos y la consistencia de la política exterior.

El episodio queda por ahora en declaraciones públicas: Barros habló el domingo en DF MAS, y horas después Claudio Alvarado descartó que el retiro del convenio sea política de Gobierno. No hay anuncio formal de denuncia ante la OIT, y Chile mantiene vigente el Convenio 169, ratificado en 2008. Parlamentarios pidieron al Presidente José Antonio Kast que aclare si la postura corresponde al Gobierno o solo al ministro, y hasta ahora no se ha programado una sesión parlamentaria ni una gestación oficial de retiro del tratado.