El descubrimiento en Bolivia de equipos que la Fiscalía de Bolivia describió como una "minigranja de bots" volvió, en los últimos días, a poner bajo la lupa la actividad en Chile del consultor argentino Fernando Cerimedo, actualmente en prisión preventiva en Bolivia por un ataque armado contra su expareja, Nadia Beller.
Cerimedo reconoció públicamente en mayo de 2023 que administraba cuentas artificiales para intervenir en redes sociales. En una entrevista con Infobae dijo "Estamos cerca de las 50.000 solamente para Argentina. Tenemos también para Chile". Esa declaración, y la detección de equipos en territorio boliviano, reabren preguntas sobre qué operaciones se realizaron en Chile, quién las pagó y con qué objetivos políticos.
La presencia de Numen, la empresa vinculada a Cerimedo, en el ecosistema político local está documentada. Según investigaciones de CIPER y LaBot, Numen prestó servicios a actores del espacio llamado Casa Común, que organizó campañas a favor del Rechazo durante el plebiscito constitucional de 2021, incluida una encuesta difundida por el diario El Mercurio.
Varios colaboradores de José Antonio Kast aparecen conectados a ese entorno. Alejandro Irarrázabal, jefe de asesores del Presidente José Antonio Kast, y Ignacio Dülger, colaborador que trabajó en el Segundo Piso de La Moneda hasta agosto y que asumirá la dirección ejecutiva del think tank Acción Republicana, integraron espacios donde operó Numen. Esa proximidad política explica la exigencia de claridad sobre contactos y contratos.
Cinco diputados, entre ellos Jaime Araya (Partido por la Democracia), Daniel Manouchehri (Partido Socialista), Patricio Pinilla (Democracia Cristiana) y Juan Santana (Partido Socialista), solicitaron explicaciones formales al jefe de asesores Alejandro Irarrázabal sobre cualquier vínculo o contratación relacionada con Cerimedo y su empresa. Los parlamentarios demandan detalles sobre cuántas cuentas operaron, qué contenidos posicionaron y quién financió esos servicios.
El antecedente regional es relevante. El uso de cuentas manipuladas y redes automatizadas para influir en debates públicos es una práctica detectada en varios países latinoamericanos en la última década. En Chile, la incorporación de consultores digitales al entorno de campañas y al segundo nivel del gobierno plantea un escenario en que la orientación de la discusión pública puede no ser únicamente orgánica, sino también estructurada desde servicios profesionales.
Las implicaciones prácticas para la ciudadanía son directas: manipular tendencias y amplificar contenidos puede distorsionar información vital sobre elecciones, plebiscitos y políticas públicas. Quien gana con estas tácticas son actores capaces de pagar servicios digitales; quien pierde es el votante que recibe una conversación pública sesgada. A nivel institucional, la situación abre un choque entre necesidades de transparencia y la opacidad de contratos privados.
Como dato concreto, Cerimedo declaró en mayo de 2023 que administraba cerca de 50.000 cuentas para Argentina y reconoció tener cuentas para Chile; la Fiscalía de Bolivia encontró equipos descritos como una minigranja de bots y cinco diputados han exigido explicaciones al jefe de asesores Alejandro Irarrázabal, solicitando documentación sobre contactos y contratos relacionados con Numen y Cerimedo.
