La política chilena vive desde hace años en dos universos paralelos: mientras el debate parlamentario se vuelve cada vez más crispado y performático -para mal-, quienes gobiernan el territorio concreto desde las municipalidades parecen hablar un lenguaje mucho más cercano a la realidad cotidiana. Quizás por eso resulta tan significativo que alcaldes de mundos políticos muy distintos coincidan en críticas hacia varias de las políticas impulsadas por el gobierno del Presidente Kast, en especial el recorte a la salud primaria y el desfinanciamiento del Fondo Común Municipal.
No se trata, entonces, de una disputa ideológica, sino de una advertencia desde los territorios a las lógicas del gobierno central. El alcalde no administra teorías, administra las consecuencias de la transformación de esas teorías en políticas públicas.
Ve mejor que nadie cuándo una decisión tomada en La Moneda comienza a transformarse en un problema concreto en el consultorio, en la escuela, en la seguridad de un barrio o en la calidad de vida de una comunidad. La declaración en esta radio del alcalde de Estación Central sobre un “diálogo de sordos” entre el Gobierno y el mundo municipal es una descripción política que debería hacer saltar las alarmas en palacio.
Y cuando distintos alcaldes -Bellolio de Providencia, Luksic de Huechuraba, Daniela Norambuena de La Serena o Muñoz de Estación Central, entre varios otros- convergen en diagnósticos similares, pese a pertenecer a sensibilidades políticas diferentes, se erigen como una señal insoslayable en la deliberación de las autoridades. Mientras el sistema político nacional suele organizarse en torno a identidades ideológicas nítidas, el territorio obliga a una racionalidad más práctica, menos doctrinaria y mucho más conectada con las urgencias reales de las personas.
La historia reciente de Chile, además, demuestra que los alcaldes suelen detectar antes que el poder central las fracturas -a veces profundas- de la sociedad. Ocurrió durante la pandemia, cuando fueron algunos municipios los primeros en advertir sobre el agotamiento de los equipos humanos de la atención primaria, el deterioro de la salud mental y el impacto social de la crisis económica.