Soberanía digital: El mayor riesgo es no saber que el riesgo existe En los últimos meses hemos asistido a una serie de situaciones a nivel global que nos enfrentan a una verdad incómoda: Los países digitalmente dependientes pueden verse afectados en situaciones de conflicto o tensiones geopolíticas que afecten o impliquen a sus proveedores tecnológicos. Pasó algo similar en el sector energético con la crisis del petróleo de los 70, que nos demostró que la dependencia de infraestructuras críticas controladas por terceros puede paralizar economías enteras.
Si bien en las últimas décadas este tipo de riesgo había pasado a un segundo plano, gracias al concepto de un mundo basado en reglas y de prosperidad compartida, hoy ese escenario es mucho menos evidente. Acontecimientos como el apagón digital que sufrieron miembros de la CPI, o la reciente controversia por el cable submarino China-Chile Express, que enfrentó al expresidente Gabriel Boric con el Presidente José Antonio Kast, nos revelan cómo los servicios digitales se han convertido en un elemento crítico en la geopolítica actual y una herramienta de presión por parte de potencias extranjeras de las que somos extremadamente dependientes.
Chile es hoy un país profundamente digitalizado –94% de conectividad a internet, líder digital en Latam según el IMD Digital Competitiveness Ranking—, pero casi toda su cadena de valor digital se apoya en proveedores extranjeros, lo que lo sitúa en una situación de vulnerabilidad. Hoy, el 90% de los servicios cloud en Chile —banca, salud, gobierno, e-commerce e incluso la administración pública— corren en infraestructuras de los grandes hiperescalares internacionales, con datos soberanos alojados fuera de nuestras fronteras.
Caídas como la que sufrieron algunos de estos gigantes en 2025 repercutieron de forma directa en la prestación de diferentes servicios esenciales a usuarios finales, con impacto económico más que relevante. Imagínese despertarse un día cualquiera sin acceso a aplicaciones de mensajería ni herramientas colaborativas en la oficina.
Sin acceso a sus datos guardados en servidores en la nube o sin posibilidad de realizar transacciones financieras, ni trámites digitales con el Estado. Y sin poder interactuar con los modelos de IA tal y como lo hacemos hoy diariamente.