La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que el Tren de Aragua, organización criminal originaria de Venezuela, utiliza redes de prostitución para identificar y perfilar posibles víctimas de secuestros y extorsiones en Chile. El antecedente le dio un empuje concreto a una solicitud legislativa que lleva meses esperando respuesta del Ejecutivo.
Diego Schalper, jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), junto al subjefe Eduardo Durán y el diputado Mauro González, integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara, enviaron un oficio al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, pidiendo que el Gobierno otorgue suma urgencia a un proyecto que sanciona la explotación económica del comercio sexual ajeno, la facilitación de plataformas digitales para ofrecer estos servicios y la extorsión vinculada.
La iniciativa tiene respaldo transversal: fue presentada por RN junto a diputados del oficialismo y de otros sectores de la oposición. Pese a ese apoyo, no ha avanzado con la velocidad que los firmantes consideran necesaria.
El fiscal regional Héctor Barros ha sido uno de los que más ha insistido en la conexión entre el comercio sexual y el crimen organizado. Su argumento es concreto: la informalidad, la clandestinidad y el escaso control estatal que caracterizan esta actividad la convierten en un espacio propicio para el financiamiento y la captación de víctimas por parte de bandas transnacionales.
Los diputados sostienen que la intermediación abusiva y la extorsión vinculada al comercio sexual no pueden seguir siendo tratadas solo como problemas de orden público. Deben enfrentarse con las herramientas del derecho penal que se aplican al crimen organizado.
El proyecto incorpora nuevos tipos penales para quienes exploten económicamente el comercio sexual de terceros, administren o faciliten plataformas digitales con ese fin, o arrienden inmuebles para ofrecer servicios sexuales. También eleva las penas por extorsión en estos casos. Los parlamentarios pidieron además que el Presidente de la República otorgue discusión inmediata a la iniciativa, el mecanismo de tramitación más acelerado que contempla el Congreso chileno.
