El Reino Unido debate si doblar los impuestos a los salones de tragamonedas, en un movimiento que podría recaudar hasta £460 millones adicionales al año. El empuje viene de un sector del Partido Laborista que ve en el juego una fuente de financiamiento sin explotar.

El centro de estudios Social Market Foundation (SMF, con sede en Londres) publicó esta semana un sondeo que muestra que el 43% de los británicos apoya subir los tributos que pagan los denominados salones de máquinas (Adult Gaming Centres o AGC en inglés), locales de apuestas que proliferaron en los últimos años en zonas comerciales deprimidas del país.

La propuesta concreta es doblar el impuesto a las máquinas de juego (Machine Games Duty o MGD, según su sigla en inglés) del 20% al 40%. Actualmente el sector paga £600 millones anuales por este concepto. La medida afectaría principalmente a las máquinas de categoría B, las de mayor apuesta, que permiten girar por £2 cada 2,5 segundos.

Andy Burnham, alcalde de Manchester y figura con proyección dentro del laborismo, es uno de los principales impulsores de una regulación más dura. Medios británicos lo señalan como probable primer ministro si accede a la jefatura de su partido. En 2025 respaldó una propuesta del ex premier Gordon Brown para financiar el fin del límite de dos hijos en los subsidios sociales con mayores impuestos al juego.

La ministra de Hacienda Rachel Reeves optó por no tocar el impuesto a las máquinas físicas en su presupuesto de noviembre pasado, pese a haber subido los tributos a los casinos en línea. Según el SMF, el lobby hípico fue determinante: los bookmakers también quedarían afectados, y la industria de carreras de caballos obtiene cientos de millones de libras al año de un gravamen sobre las apuestas deportivas.

Las empresas que operan los salones más grandes en el Reino Unido son de capital europeo. Admiral pertenece a un grupo austriaco, mientras que Merkur es de origen alemán. Esta última fue sancionada recientemente después de haber explotado económicamente a un ludópata que padecía cáncer terminal.

Bacta, la asociación que agrupa a los operadores de AGC y parques de atracciones, rechazó con dureza el informe del SMF. Calificó la propuesta de "economía de fantasía e irresponsable" y advirtió que un impuesto del 40% reduciría la recaudación total y generaría pérdidas de empleo en ciudades costeras y zonas comerciales de todo el país.