A 41 años de uno de los crímenes más brutales de la dictadura civil-militar, el secuestro y asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino —conocido históricamente como el Caso Degollados— volvió a congregar a organizaciones sociales, sindicales y políticas en el lugar donde fueron hallados sus cuerpos. La jornada, marcada por la memoria, estuvo atravesada por la inquietud frente a las primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo sobre la amenaza de impunidad y el impacto de las recientes medidas económicas.
El fantasma de la impunidad en Punta Peuco Paulina Cartagena, dirigenta nacional del Colegio de Profesores y consejera de la CUT, destacó el legado de Manuel Guerrero para el magisterio y enfatizó que el recuerdo es fundamental para garantizar la “no repetición”. Sin embargo, expresó una preocupación latente: la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue indultos o beneficios carcelarios a los condenados que cumplen sentencia en Punta Peuco.
“Tenemos la inquietud de que estas personas que cometieron este horrendo crimen sean indultadas. Después de tantos años de insistir para que fueran a la cárcel, hoy los vemos amenazados”, advirtió Cartagena.
La dirigenta fue enfática al señalar que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad deben cumplir sus penas de forma efectiva como garantía para las familias y la sociedad. Ola de desvinculaciones y vulneración de derechos laborales Además de la situación económica, la representante del PC alertó sobre una incipiente ola de desvinculaciones en el sector público que está afectando especialmente al área de la salud.
Rivera denunció salidas masivas de trabajadores que se desempeñaban bajo las modalidades de honorarios y contrata, señalando que estas medidas carecen de fundamentos técnicos. Según su análisis, las violaciones a los derechos laborales ya han comenzado a manifestarse en estas primeras semanas de gobierno y no se justifican ni las alzas de precios ni los despidos que se proyectan para los próximos meses.