El Senado tiene agendado para el próximo martes el juicio político más gravitante que ha enfrentado hasta ahora el gobierno de Gabriel Boric. Nicolás Grau, exministro de Hacienda e integrante del Frente Amplio (FA), es la primera autoridad de esa administración que llegará a la Cámara Alta con una acusación constitucional (AC) aprobada en su contra. Las otras ocho AC presentadas contra funcionarios del mismo gobierno fueron rechazadas en la Cámara de Diputados.

Grau, economista de formación, lo sabía de antemano. Desde el inicio del proceso concentró su estrategia en el Senado, pero el tránsito por la Cámara Baja dejó tensiones y roces que pusieron al descubierto fracturas al interior del bloque oficialista.

La más ilustrativa ocurrió el lunes pasado, cuando el FA convocó a una reunión por videollamada al Partido Liberal (PL). El objetivo era cuadrar votos para rechazar el libelo. Del lado frenteamplista participaron Constanza Martínez, presidenta del FA, y Gael Yeomans, jefa de bancada. Por el PL se conectaron Juan Carlos Urzúa, presidente del partido; Nicole Troncoso, secretaria general; los diputados Luis Malla y Alejandro Bernales, y el senador Vlado Mirosevic.

La reunión duró media hora y la tensión fue evidente desde el primer minuto. Los parlamentarios liberales, que en los días previos se habían declarado en libertad de acción para votar en cualquier sentido, no comprometieron una postura colectiva. Terminaron rechazando el libelo, aunque a contracorriente del resto de la oposición, que había descartado el castigo político desde el primer momento.

Lo que comenzó como una gestión de votos derivó en algo más áspero. Luis Malla, diputado del PL, tomó la palabra para plantear quejas históricas de su partido contra el FA: recordó cómo el expresidente Gabriel Boric, fundador del Frente Amplio, trató al Partido Liberal durante su administración. El malestar, según lo expuesto en ese encuentro, se arrastra desde marzo de 2023.

El Senado deberá definir el martes si Grau enfrenta sanciones o es absuelto. Será el primer exfuncionario del gobierno de Boric en someterse a ese veredicto en la Cámara Alta, después de que todas las acusaciones constitucionales anteriores fueran rechazadas por los diputados.