La discusión sobre el futuro del penal de Punta Peuco y las condiciones de los violadores de derechos humanos de la dictadura militar (1973-1990) sumó un nuevo capítulo este martes tras las definiciones entregadas por el ministro de Defensa, Fernando Barros, en El Diario de Cooperativa. A raíz de las recientes declaraciones del Presidente José Antonio Kast -quien manifestó su intención de reordenar el sistema penal argumentando que "no corresponde" la mezcla de reos de distinta naturaleza-, el secretario de Estado, que como abogado integró el equipo jurídico para defender a Augusto Pinochet durante su detención en Londres, se alineó con la postura de respetar las bases de la transición democrática y cuestionó la reclusión de reos ancianos o con deterioros cognitivos severos.

El titular de Defensa afirmó que su cartera "no tiene que ver con el tema" de Punta Peuco y "no es parte de la problemática"; sin embargo, "en lo personal", defendió las condiciones carcelarias originales de los militares condenadose, argumentando que "es un tema de justicia, es un tema de razones humanitarias". "En Argentina se dijo: 'señores, solo se va a juzgar a los altos mandos, ¿okay?', y así ocurrió: todos los mandos medios e inferiores se asumió que cumplían con el deber y así se cumplió.

En Chile ha sido distinto: hubo una Ley de Amnistía que en definitiva se pasó por sobre y se ha ido juzgando. Hoy día vemos personas que en ese momento (la dictadura) tenían 20, 25 o menos años, no tenían mando, cumplieron una labor en una patrulla, sin disparar ni nada, y hoy día están presos", cuestionó Barros.

El ministro enfatizó que "la transición se construyó sobre ciertas bases y el respeto de ciertas cosas. Y se dijo: 'okay, van a ir a la cárcel los militares que corresponda de acuerdo con la justicia, de acuerdo a un procedimiento medio especial que no es el procedimiento al que estamos sujetos todos los chilenos, y van a ir en estas condiciones'.

Y eso fue el acuerdo. Entonces, se dice que no se cumple el acuerdo y en política las cosas se tienen que cumplir, porque para que un Estado tenga credibilidad, (deben cumplirse) en las buenas y en las malas.