En el estudio se identificaron patrones como «la captación mediante engaños con promesas de empleo o cuidado; la explotación sexual como principal finalidad del delito; la hipersexualización y racialización de niñas afrodescendientes y haitianas, junto con la ubicación en barrios segregados y vulnerables, donde las redes criminales operan con mayor impunidad; y la falta de identificación oportuna por parte de funcionarios, lo que impide activar protocolos de protección». La académica investigadora de la Facultad de Derecho de UDLA Sede Viña del Mar, Dra.
María Lorena Rossel, publicó en la European Public & Social Innovation Review el artículo titulado «Género, migración y violencia: la trata de niñas en el siglo XXI desde los estándares internacionales y la situación en Chile». El estudio analizó la relación entre migración, pobreza, segregación y trata infantil en nuestro país, evaluando el cumplimiento del Estado con los estándares internacionales.
Junto con ello, buscó identificar factores socioeconómicos que aumentan la vulnerabilidad, evaluar la respuesta jurídica e institucional y proponer lineamientos para políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos. La investigación usó una metodología jurídico-dogmática, que consiste en analizar el derecho tal como está escrito (leyes, normas y principios), y la complementó con una revisión de estudios de otras disciplinas, informes institucionales y datos recientes.
Gracias a este enfoque, se identificaron factores sociales que aumentan la vulnerabilidad de niñas migrantes, especialmente de aquellas que están en situación irregular y no acompañadas. Entre los hallazgos del estudio, se identificaron patrones como «la captación mediante engaños con promesas de empleo o cuidado; la explotación sexual como principal finalidad del delito; la hipersexualización y racialización de niñas migrantes, junto con la ubicación en barrios segregados y vulnerables, donde las redes criminales operan con mayor impunidad; y la falta de identificación oportuna por parte de funcionarios, lo que impide activar protocolos de protección», explicó Rossel.
Según cifras citadas en el artículo, entre 2011 y 2022 el 74,5 % de las investigaciones por trata de personas en Chile correspondieron a mujeres, y más del 16 % de las víctimas eran menores de edad. Además, un 21 % de los hogares migrantes vive en hacinamiento, frente a un 6,7 % en el caso de hogares nacionales.